Resolución del Ayuntamiento de Madrid

El tribunal dictaminó que la medida era ilegal porque el ayuntamiento no había realizado un estudio adecuado sobre su impacto en la movilidad y el medio ambiente, ni había llevado a cabo una consulta pública antes de implementarla.

El fallo del Tribunal Supremo destaca la importancia de que las autoridades administrativas cumplan con sus obligaciones legales de llevar a cabo estudios de impacto y consultas públicas antes de implementar medidas que afecten a los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, se subraya que las autoridades deben tener en cuenta el impacto de sus decisiones en la movilidad y el medio ambiente, y deben buscar soluciones que sean proporcionales y respeten los derechos fundamentales.

Este fallo puede tener importantes implicaciones para otras medidas implementadas por las autoridades administrativas en toda España, ya que destaca la necesidad de que se sigan los procedimientos adecuados antes de tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y sus derechos.